LA HORA DE LOS FISCALES

                                

           

              Hay opiniones para todos los gustos sobre la actitud chulesca y provocadora de Artur Mas la noche del 9-N, ensoberbecido, quitándose de una vez la máscara de la ambigüedad, mostrando a los cuatro vientos su papeleta con el “sí, sí”, y no contento, anunciando, retador, que asumía toda la responsabilidad.

            Fue, qué duda cabe, el colmo de la provocación para con el Gobierno de España, de cuya debilidad Mas es plenamente consciente. Fue la culminación de la deslealtad, del “cría cuervos y te sacarán los ojos”. Aquella noche, uno no pudo menos de acordarse de aquellos españoles que, en 1977, gritaban de todo corazón: “Democracia, amnistía y Estatuto de Autonomía” para esos mismos que hoy abominaban de España.

            Era evidente que, en vista del descalabro progresivo de Convergencia, ese gesto de Mas, perfectamente calculado, pretendía apostárselo todo a una carta en un intento desesperado de acortar la distancia electoral que Esquerra le había recortado. Él y sólo él era el alma de la consulta, ilegal, chapucera, amañada, sí, pero consulta al fin y al cabo. Ya sólo le faltaba el martirio para salvarse él y su partido pujolista.

            Todos esperamos con expectación la reacción de Mariano Rajoy y su Gobierno. Mas se había pasado más de veinte pueblos. Pero llegó el lunes y no pasó nada de nada. El fiscal Torres-Dulce, luego lo supimos, había estado la tarde del domingo en el cine entregado a su pasión favorita. Rajoy una vez más callaba. El martes empezó a hacerse evidente que si había una reacción sería de naturaleza jurídica que no política; o sea, aplicar el peso de la ley contra los que habían incurrido en posible delito.

            Para entonces se había planteado el gran dilema: dejar las cosas como estaban era el colmo de la dejación, como dejarse sodomizar y pedir encima perdón por dar la espalda. Actuar era darle mecha al independentismo, máxima habida cuenta de lo inacabable de los procesos judiciales en este país. Aplicar el artículo 155 habría sido desmesurado. Una vez más se constataba que la iniciativa estaba en manos de Mas por culpa de la indolencia de un Rajoy y su costumbre de verlas venir y dejarlas pasar.

            Como era de suponer, los fiscales catalanes, por miedo a verse estigmatizados, se lavaron las manos. Y sólo entonces el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, presionado o no, abrumado con lo que se le venía encima, se vio en la necesidad de actuar. Y, como hombre riguroso, cumplió su función. Reunió a la Junta de Fiscales de Sala en Madrid y, tras algo más de cuatro horas de debate, obtuvo el apoyo de la práctica totalidad para interponer una acción penal contra el “president” Mas, la vicepresidenta, Joana Ortega, y la consejera de Educación, Irene Rigau, por los delitos de desobediencia, malversación, prevaricación y obstrucción a la Justicia o usurpación de atribuciones judiciales. El problema, claro, es que, en primera instancia, es el fiscal superior de Cataluña, José María Romero de Tejada, quien tendrá que llevar a cabo la actuación.

            ¿Servirá para algo? Mucho nos tememos que no debido a la exacerbación a la que se ha llegado por ambas partes. Pero, de cualquier modo, judicialmente se ha hecho lo que se tenía que hacer con el gobierno de una Comunidad que lleva años burlándose de la Constitución, del Gobierno de Madrid y de cuanto le sale al paso. Falta el paso político y eso, hoy por hoy, parece inviable, tanto como la reforma constitucional.       

                          Juan Bravo Castillo. Lunes, 24 de noviembre de 2014