EL CALVARIO DE GARZÓN

            El lunes 11 de julio, el exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón recibía la noticia de la denegación de su indulto en México, donde, en su particular exilio, está trabajando para la fundación de defensa de los derechos humanos que lleva su nombre y como abogado.

            Lo curioso de esta petición de indulto es que en modo alguno partía del propio Baltasar, sino del colectivo Medel, una asociación que agrupa nada menos que a 15.000 magistrados, jueces y fiscales de la UE. Algo realmente insólito que no puede por menos de hacernos pensar a quienes no tenemos una clara idea de las sutilezas de la jurisprudencia, que en el “caso Garzón”, efectivamente, hay mucho más de lo que un poderosísimo sector del Poder Judicial, íntimamente vinculado al Gobierno, trata de hacernos ver, buena prueba de ello la tenemos en que, curiosamente, el expediente en el que se solicitaba el citado indulto, anduvo año y medio perdido por los vericuetos de la Audiencia Nacional, sin pasar un solo trámite.

            Hoy en día, el exjuez Garzón es ya, para un amplio sector de la población española, y aún más en el extranjero, un auténtico mito, con sus defensores a ultranza y sus detractores, empeñados en humillarlo hasta límites insospechados, como lo prueba la saña con que actúa contra él, metiéndolo en el mismo “saco”, en lo que se refiere a la denegación del indulto, que delincuentes de tan reconocida talla como Julián Muñoz, exalcalde de Marbella y chorizo mayor de aquel emporio; Jaume Matas, prototipo del delincuente político que se ha arrastrado literalmente para evitar la cárcel y que, por fin, va a pasar allí algunos meses, en espera de que se resuelvan las innumerables causas que tiene pendientes; o el propio Ortega Cano, en prisión desde abril, por haber provocado la muerte de otro conductor mientras conducía bebido y a toda velocidad hace tres años.

            Nada extraño que, en vista de lo cual, Baltasar Garzón declare ostentosamente que “Un indulto de este Gobierno me denigraría. Nunca lo hubiera aceptado. Sería un insulto y, además, una contradicción, porque yo no he cometido ningún delito”.

            Una muestra más del más que aparente ensañamiento es la comparación de lo sucedido con Garzón y lo que acaeciera hace catorce años con otro juez, Javier Gómez de Liaño, cuando ejercía de ministro de Justicia Ángel Acebes y como Fiscal General del Estado Jesús Cardenal. Condenado por tres delitos de prevaricación por el “Caso Sogecable” a 15 años de inhabilitación, el Consejo de Ministros aprobaba su indulto en diciembre de 2000. Basta leer los criterios exhibidos en un caso y otro para comprobar lo aleatorio de una Justicia sobre la que lo mejor que podemos decir es aquello de que “Dios nos libre de caer en sus garras”.

            El problema, el auténtico problema, para quienes han mostrado tamaño encarnizamiento con Baltasar Garzón, se plantearía en el caso en que el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo lo eximiera de toda culpa. La bofetada sería morrocotuda y demostraría que ha habido algo más que parcialidad en la forma de juzgar a un hombre que durante años se jugó el pellejo en aquella España donde los etarras no se andaban con chiquitas. Los méritos acumulados en aquellos años habrían bastado y sobrado para eximirlo de algún posible error. Pero, claro, el asunto en cuestión era nada menos que el caso Gürtel, que, por cierto, todavía sigue en el aire.

                                   Juan Bravo Castillo. Domingo, 27 de julio de 2014